Editorial: El matadero de Manacor: un millón y medio de euros perdidos y cuatro años de gestión fallida. El caso del Escorxador de Manacor representa uno de los fracasos más graves de la gestión municipal de los últimos años, tanto por su impacto económico como por sus consecuencias para el sector ganadero. El matadero municipal permanece cerrado desde 2019, dejando sin resolver una necesidad estratégica para la ganadería de Mallorca. En mayo de 2022 se acordó impulsar su reforma con financiación pública. El convenio contemplaba una aportación de 1,5 millones de euros del Govern y del Consell de Mallorca.

En diciembre de 2023 se adjudicaron las obras a VEOLIA por 2,28 millones de euros. Sin embargo, el proyecto no llegó a convertirse en una sola obra ejecutada. En marzo de 2025, la dirección facultativa consideró que el proyecto no era viable en las condiciones previstas. Los problemas técnicos, los retrasos y las modificaciones terminaron bloqueando la actuación. En junio de 2026 se resolvió el contrato de obras y se rescindió también el de dirección facultativa. El resultado es especialmente preocupante: ni matadero reformado ni solución definitiva para el sector. A ello se suma una indemnización de 56.030 euros vinculada a la resolución contractual.

Según la información facilitada, el Ayuntamiento deberá devolver los 1,5 millones de euros recibidos. Si se confirma esa obligación, el municipio afrontará un importante perjuicio económico para sus arcas. Pero el daño no es únicamente presupuestario: también se han perdido tiempo y oportunidades. Los ganaderos y operadores afectados continúan sin una infraestructura pública que dé respuesta a sus necesidades. La cuestión fundamental es por qué se adjudicó una obra cuyo proyecto no pudo ejecutarse en las condiciones previstas. También debe aclararse quién detectó los problemas, cuándo se conocieron y qué medidas se adoptaron para evitar el desenlace.

La ausencia de una Comisión Mixta de Seguimiento, denunciada por el PP, añade interrogantes sobre el control del convenio. La responsabilidad política exige explicaciones del gobierno municipal que gestionó el proyecto, aunque las responsabilidades concretas deben determinarse con la documentación administrativa. No basta con devolver el dinero y cerrar el expediente: Manacor necesita saber si existe una alternativa viable y cuánto costaría. El Escorxador se ha convertido en el símbolo de una inversión pública frustrada: financiación disponible, contratos firmados, dinero comprometido y ninguna reforma realizada.

Más allá de la confrontación entre partidos, el Ayuntamiento debe publicar el expediente completo, explicar las causas del fracaso y presentar un plan realista para recuperar el matadero. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se ha llegado hasta aquí y quién debe asumir las responsabilidades políticas y económicas. Rafael Gabaldón San Miguel.