Lanzan sus señuelos propagandísticos para que los incautos piquen en su anzuelo
Editorial: Ceuta desaparece de las portadas. Y, de repente, silencio. Ahora el foco se desplaza hacia Maricarmen, una mujer desahuciada en cumplimiento de una resolución judicial, extinguido su contrato de alquiler
¿Desde cuándo la actualidad consiste en olvidar un problema en cuanto aparece otro que genera más audiencia, más polémica o más rentabilidad política?. Lo verdaderamente preocupante
AGENCIA MANACORNOTICIAS 27/09/2026 - 18:26:45
Muy triste querer resolver 270.000 desahucios desde 2018 en un solo Consejo de Ministros y una Sesión en el Congreso. Eso es piratería y estafa. Pobres incautos los residentes en España, todos mienten.

Editorial: Ceuta desaparece de las portadas. Cuando una tragedia sustituye a otra. Sesenta días de crisis en Ceuta. Sesenta días de imágenes, titulares, declaraciones políticas y una atención mediática extraordinaria ante una situación que exigía respuestas, soluciones y responsabilidades. Y, de repente, silencio. Ceuta desaparece de las portadas, se diluye en los informativos y deja de ocupar el centro del debate público. ¿Se ha solucionado el problema? ¿Ha desaparecido la crisis? ¿Han dejado de sufrir sus consecuencias quienes la padecen? No. Simplemente, ha llegado otra noticia. Ahora el foco se desplaza hacia Maricarmen, una mujer desahuciada en cumplimiento de una resolución judicial, después de que una jueza considerara extinguido su contrato de alquiler. Su situación merece atención, sensibilidad y un debate social serio. Pero una cosa es informar de un drama humano y otra muy distinta permitir que ese drama sepulte por completo una crisis que afecta a toda una ciudad.

¿Desde cuándo la actualidad consiste en olvidar un problema en cuanto aparece otro que genera más audiencia, más polémica o más rentabilidad política?. Lo verdaderamente preocupante no es que los medios informen del desahucio de Maricarmen. Deben hacerlo. Lo preocupante es que parezca que solo podemos ocuparnos de una tragedia a la vez. Que el sufrimiento de una persona acapare toda la atención mientras miles de ciudadanos de Ceuta quedan relegados a un segundo plano, como si sus problemas hubieran dejado de existir. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿quién decide qué merece seguir siendo noticia y qué debe desaparecer del debate público? Porque los problemas de Ceuta no se evaporan cuando dejan de abrir los telediarios. Las responsabilidades políticas tampoco prescriben por falta de titulares.

La información no puede convertirse en una sucesión de escándalos, conmociones y dramas que se sustituyen unos a otros hasta que el ciudadano termina olvidándolo todo.

La información no puede convertirse en una sucesión de escándalos, conmociones y dramas que se sustituyen unos a otros hasta que el ciudadano termina olvidándolo todo. El periodismo tiene la obligación de contar lo que sucede, pero también de recordar lo que sigue sucediendo. Ceuta no puede ser noticia durante sesenta días y después convertirse en una ciudad olvidada. Maricarmen merece que se conozca su historia, pero Ceuta también merece que no se silencie la suya. Porque cuando una noticia tapa a otra, no necesariamente se ha resuelto el problema anterior. A veces, sencillamente, hemos dejado de mirarlo.

Durante semanas, Ceuta estuvo en el centro de la atención informativa por la situación derivada de la llegada masiva de inmigrantes y la presión sobre la ciudad. Sin embargo, después de aproximadamente 60 días, ese foco mediático se ha ido desplazando hasta prácticamente desaparecer de la actualidad. La aparición del caso de Maricarmen, una mujer desahuciada por orden judicial después de que hubiera terminado legalmente su contrato de alquiler, ha vuelto a colocar los desahucios y el problema de la vivienda en el centro de muchos medios de comunicación.

La cuestión que se plantea es si estamos ante un cambio legítimo de prioridades informativas o si, sencillamente, un nuevo caso de gran impacto mediático ha desplazado a otro problema que continúa existiendo. Mientras la atención se concentra ahora en los desahucios y en la situación de Maricarmen, Ceuta corre el riesgo de quedar relegada a un segundo plano, pese a que los problemas que provocaron aquella atención informativa no han desaparecido. En definitiva, el debate no debería ser enfrentar el drama de una persona desahuciada con la situación de Ceuta. Ambos asuntos merecen atención. Lo preocupante es que el foco mediático pueda pasar de un problema a otro hasta hacer invisible el anterior. Ahora los partidos políticos se comen todo el tiempo y lanzan sus señuelos propagandísticos para que los incautos piquen en su anzuelo. Muy triste querer resolver 270.000 desahucios desde 2018 en un solo Consejo de Ministros y una Sesión en el Congreso. Eso es piratería y estafa.

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Antònia Febrer Santandreu
Dar la espalda a los problemas permite que se enquisten. Cuanto más se aplazan las decisiones necesarias, más difícil y costosa puede resultar la solución. Que cambien las portadas no reduce la gravedad de una crisis ni libera de sus responsabilidades a quienes gobiernan. Ceuta debe mantenerse como una prioridad inmediata del Gobierno. Necesitamos medidas concretas, responsables identificados y resultados verificables. Eso exige coordinación institucional, cooperación europea y compromisos claros con Marruecos. Los ciudadanos debemos saber con qué países podemos contar y cómo cumplen sus acuerdos. La atención al caso de Maricarmen no puede relegar esas obligaciones. Su situación plantea también una reflexión sobre previsión personal, contratos y adaptación a las circunstancias. Pagar una renta y tener derecho a continuar indefinidamente en una vivienda son cuestiones distintas. Cuando un contrato se extingue legalmente, una vez respetados los derechos y garantías aplicables, corresponde preparar una alternativa. El apego a un hogar es comprensible, pero no debería convertirse por sí solo en una obligación indefinida para su propietario. Todos debemos procurar adaptar nuestras decisiones a nuestros recursos, nuestra edad y nuestras necesidades. Anticiparse, negociar y buscar alternativas con tiempo forma parte de esa responsabilidad. Cuando una persona carece de medios o autonomía para hacerlo, las administraciones deben intervenir con soluciones dignas y adecuadas antes de que la situación desemboque en una emergencia. La solidaridad necesita reglas claras. Quien requiere ayuda debe recibirla por su situación real, y quien cumple sus obligaciones debe poder confiar en que sus derechos también serán respetados. Si la presión mediática acaba determinando quién obtiene una solución, dejamos en desventaja a quienes afrontan dificultades similares sin aparecer en las noticias. Tampoco podemos convertir a los propietarios, por el hecho de serlo, en responsables de las carencias de la política de vivienda. Mi crítica al Gobierno de Pedro Sánchez es clara: tras ocho años de gestión al frente del Ejecutivo, debe responder por sus decisiones, sus omisiones y los resultados de su gestión. Ese tiempo permite exigir un balance riguroso y explicaciones sobre los problemas que continúan pendientes. Invocar responsabilidades anteriores no sustituye la obligación de asumir las propias. Quienes han sostenido sus gobiernos también deben rendir cuentas por los acuerdos y las políticas que han respaldado. La capacidad económica de las familias y de la clase media tiene límites. Cada decisión pública debe explicar quién la financia, qué resultados persigue y cómo se evaluará. El esfuerzo de trabajadores, autónomos y ahorradores merece una gestión rigurosa de los recursos que aportan. Necesitamos recuperar un sentido común acompañado de razonamiento: contrastar los hechos, escuchar otras opiniones y valorar las consecuencias futuras de lo que defendemos. Quiero un país donde el esfuerzo, la disciplina, la honradez y la superación tengan reconocimiento; donde se proteja la necesidad real y donde gobernar implique anticiparse, resolver y responder por lo hecho. Esa es la responsabilidad que exijo a Sánchez y a sus socios.
PEDRO
Qué dice el artículo 47 consti. Los poderes públicos deben crear las condiciones necesarias y fijar normas para hacer real el derecho de vivienda digna. SEÑORES, NO ENGAÑEN A LA GENTE. EL ESTADO NO DEBE NI PUEDE HACER CASITAS PARA LOS ESPAÑOLES Y PARA LOS EXTRANGEROS RECIEN LLEGADOS EN AVION Y PATERA.