
AGENCIA MANACORNOTICIAS 31/10/2025 - 11:05:15 | ![]() ![]() |

![]() | Por eso, El Pi propone que toda nueva construcción o política de vivienda incorpore mecanismos de protección para garantizar que estas viviendas sean para residentes, y pide al Govern que rectifique las medidas |
El Pi defiende que la vivienda que se construye en las Islas Baleares debe ser para los residentes. El partido regionalista y autonomista apuesta por un modelo turístico y territorial sostenible que priorice el acceso a la vivienda de los ciudadanos de las Islas Baleares.
El Pi considera que cualquier nueva promoción urbanística o medida en materia de vivienda debe tener un objetivo claro: garantizar que las viviendas vayan destinadas a los residentes de las Islas y no mercados de no residentes que alimentan la especulación y hacen crecer los precios.
El coordinador general de El Pi, Joan Miralles, ha defendido que "la vivienda nueva construida debe ser para quienes viven y trabajan en las Islas Baleares todo el año". En este sentido, ha remarcado que "liberar suelo rústico sólo tiene sentido si sirve para cubrir las necesidades reales de nuestra gente".
Miralles ha explicado que El Pi apuesta por un modelo turístico y territorial sostenible, que combine el desarrollo económico con la protección del territorio y la cohesión social. "No podemos hablar de sostenibilidad si expulsamos a los residentes del mercado de la vivienda. El futuro de las Islas pasa por garantizar que la gente pueda vivir y arraigar en su pueblo", ha añadido.
Por eso, El Pi propone que toda nueva construcción o política de vivienda incorpore mecanismos de protección para garantizar que estas viviendas sean para residentes, y pide al Govern que rectifique las medidas que abren la puerta a la compra masiva de viviendas por parte de no residentes.
En concreto, El Pi ha hecho explícita su propuesta de establecer como requisito para optar a una vivienda protegida que la persona acredite mínimo 15 años de residencia histórica en las Islas Baleares, a fin de garantizar que las viviendas públicas o protegidas sean prioritarias para las personas que viven y trabajan de forma continuada en el archipiélago.


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