Desde PIMEM Restauración exigimos al Govern de les Illes Balears que, con efecto inmediato, se abran los interiores de los restaurantes en cumplimiento de las medidas asociadas al nivel 2 de riesgo sanitario que ha determinado rige en la actualidad en Mallorca.

Estas medidas son las recogidas en el semáforo COVID adjunto, que el Govern de les Illes Balears publicó a raíz del BOIB del 27 de noviembre 2020, y que siguen las indicaciones del documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19” del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud actualizado a 22 de octubre del 2020 (extracto también adjunto).

Después de 13 meses donde el sector de la restauración balear sufre un descenso de facturación de casi el 80%, y sin ningún tipo de compensación o indemnización efectivas que contrarresten las infundadas restricciones impuestas a nuestra operación, insistimos en que es inadmisible la discriminación promovida por el Govern cuando hace cumplir las medidas arriba referidas en los comedores interiores de los hoteles mientras impide su cumplimiento en los restaurantes a pie de calle.

Este hecho es una evidencia más de lo que hace meses venimos manifestando: la ausencia de criterio sanitario válido que sustente las medidas impuestas a la restauración en general, y de nuevo en el BOIB del pasado 10 de abril 2021. De hecho, se trata de otra arbitrariedad política más de nuestro ejecutivo autonómico.

Ante esta vulneración del marco jurídico que el propio ejecutivo ha aprobado unilateralmente al amparo del estado de alarma vigente, apelamos a todos los grupos políticos con representación en el Parlament de les Illes Baleares que exijan al Govern que sea consecuente con sus decisiones y que cumpla sus propios decretos.

Nuestras instituciones no pueden permitirse esta indigna degradación. Es responsabilidad de todos los que forman parte de ellas el velar por su integridad, visto que el ejecutivo balear no tiene intención de cumplir con lo que aprueba unilateralmente. A esto se añade el incumplimiento de otros compromisos como la ampliación del acceso a créditos a través del ISBA, la exención de ciertas tasas municipales, o incluso planteamientos peregrinos que nada tienen que ver con la realidad del sector.

Ante todas estas circunstancias, observamos con enorme preocupación los mensajes que ya está lanzando el Govern de les Illes Balears en la línea de mantener restricciones más allá del 9 de mayo 2021, cuando decaiga el vigente estado de alarma y recuperemos el régimen normativo ordinario. Un ejecutivo que no cumple lo que unilateralmente aprueba, carece de toda credibilidad y legitimidad para erigirse en garante de nada.

Instamos a todos los partidos políticos y a todos los cargos públicos que sean los primeros en exigir que se cumpla y se haga cumplir sin excusa ni demora la normativa vigente, y que denuncien formalmente toda discriminación jurídica y arbitrariedad política, especialmente y en particular la impuesta sobre los 9.600 negocios de restauración en Baleares que está poniendo en riesgo 55.000 puestos de trabajo y en torno al 5% del PIB de las islas.