VOX EN EL CONSELL DE MALLORCA EXIGE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS POR EL FRACASO DEL REGISTRO DE VIAJEROS CUESTIONADO POR BRUSELAS

VOX en el Consell de Mallorca ha exigido hoy la asunción inmediata de responsabilidades políticas por parte del Gobierno de España tras la apertura por parte de la Comisión Europea de un procedimiento de infracción contra el Estado español por la normativa que regula el registro de viajeros, una medida que el sector turístico lleva años denunciando por su carácter desproporcionado, invasivo y contrario al derecho europeo.

La formación considera que el expediente abierto por Bruselas supone una enmienda contundente a una normativa impulsada por el Ministerio del Interior que ha generado inseguridad jurídica, cargas burocráticas innecesarias y graves perjuicios para miles de empresas turísticas de Mallorca, Baleares y el conjunto de España.

VOX recuerda además que, cuando el Gobierno de España anunció la implantación del nuevo registro de viajeros, ya presentó una moción en el Consell de Mallorca solicitando su no puesta en marcha y reclamando la paralización de una normativa que consideraba perjudicial para el sector turístico, invasiva para la privacidad de los ciudadanos y generadora de una carga burocrática injustificada para hoteles, alojamientos turísticos y agencias de viajes.

La formación denunció entonces que la medida suponía un nuevo obstáculo para la competitividad de una industria estratégica para Mallorca y advirtió de los posibles conflictos con la normativa europea de protección de datos, unas advertencias que hoy se ven plenamente respaldadas por la actuación de la Comisión Europea.

VOX recuerda que las principales organizaciones empresariales del sector turístico, entre ellas la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), llevan años alertando de que el Real Decreto 933/2021 imponía obligaciones excesivas e incompatibles con la normativa europea de protección de datos, unas advertencias que ahora han sido respaldadas por la Comisión Europea.

El portavoz adjunto de VOX en el Consell de Mallorca, David Gil, ha manifestado que “el expediente abierto por Bruselas confirma lo que empresarios, hoteleros, agencias de viajes y numerosos juristas venían denunciando desde hace años: que el Gobierno de Pedro Sánchez legisló de espaldas al sector y vulnerando principios básicos del derecho europeo”. Gil ha añadido que “VOX ya advirtió de este problema cuando el Gobierno anunció la puesta en marcha del registro de viajeros. Presentamos una moción en el Consell de Mallorca para exigir su paralización porque entendíamos que era una medida desproporcionada, perjudicial para el sector turístico y jurídicamente cuestionable. Hoy Bruselas nos da la razón y deja en evidencia a un Gobierno que prefirió imponer su criterio ideológico antes que escuchar a los profesionales y a las empresas afectadas”.

“No es aceptable que miles de empresas hayan tenido que soportar durante años una carga administrativa injustificada mientras el Ejecutivo ignoraba todas las advertencias y rechazaba cualquier propuesta de diálogo con los sectores afectados”, ha señalado.

Desde VOX consideran especialmente grave que una norma que afecta directamente a la principal actividad económica de Mallorca haya sido impulsada sin escuchar a quienes generan empleo, riqueza y prosperidad en nuestras islas. “Cuando Bruselas abre un procedimiento de infracción por una norma de estas características, alguien debe asumir responsabilidades. No basta con corregir el error; es necesario explicar por qué se ignoraron durante tanto tiempo las advertencias del sector turístico y por qué se puso en riesgo la competitividad de nuestras empresas”, ha afirmado David Gil.

VOX en el Consell de Mallorca reclama la derogación inmediata del Real Decreto 933/2021 y la apertura de una mesa de trabajo con representación del sector turístico para diseñar un sistema eficaz que permita colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos ni imponer obligaciones desproporcionadas a las empresas.

“Mallorca no puede seguir siendo rehén de decisiones ideológicas tomadas desde los despachos de Madrid. Nuestro sector turístico merece seguridad jurídica, respeto institucional y normas sensatas que compatibilicen la protección de los ciudadanos con la libertad económica y la protección de la privacidad”, ha concluido Gil.

VOX continuará defendiendo en todas las instituciones los intereses de Mallorca, de sus empresas y de los trabajadores que dependen directa o indirectamente de la industria turística, exigiendo responsabilidades a quienes han provocado este nuevo revés para la imagen y la credibilidad de España ante las instituciones europeas.